«Transparencia» corrupta

Lo que pudo ser en su conjunto la declaración de la infanta Cristina ante el juez del «caso Nóos» el pasado sábado, queda perfectamente reflejado en los cinco minutos de este vídeo.


Quizá lo ilustre aún más una especie de chascarrillo que Iñaki Oteiza lanzó en Twitter sobre el asunto:

Sin embargo, no es de la famosa declaración de la infanta de lo que yo quiero hablar, entre otras cosas porque se está haciendo prolijamente en los distintos medios y en todas las redes sociales.

De lo que quiero hablar es, precisamente, del vídeo.

Este vídeo es una infamia. No su contenido, sino el hecho de que exista.

Yo no sé qué ocurre en la Administración de Justicia de este país, pero, en lo que a custodia de secretos se refiere, los juzgados españoles parecen ser verdaderas casas de putas. No hay secreto de sumario, por grave que sea de fondo (en la forma, ni te cuento) el caso en cuestión que no sea público en horas prolijamente ilustrado con cualquier tipo de documento (escrito, gráfico, audiovisual...): nada parece inasequible a los medios de comunicación (o a ciertos medios de comnicación, y con eso me refiero a la práctica totalidad de los comerciales) y a sus fondos de reptiles. No hay secreto de sumario capaz de proteger intimidades personales, privacidades o actuaciones judiciales, ni material escrito, ni gráfico, ni sonoro. El soborno, la corrupción, circulan con una alegría y, sobre todo, con una impunidad, que asombran.

¿Alguien sabe cuántos funcionarios han sido procesados por revelación de secretos? ¿Expedientados administrativamente, siquiera? Quizá habrá alguno, desde luego, pero no parece que sea más que una mínima parte de los que se sacan sobresueldos a base de corrupción, al menos a juzgar por la trascendencia mediática de esa pírrica represión.

El secreto sobre los datos que maneja -sean judiciales, o de cualquier otra naturaleza- es algo inherente a la función pública e inseparable de la misma. Como funcionario -a lo largo de cuya carrera ha tenido en sus manos, en varias ocasiones, información muy delicada- me avergüenzo de que tanto corrupto, de que tanto sinvergüenza, mantenga esa condición. Porque no debería hacer falta ni siquiera el secreto de sumario formalmente declarado: es que ningún conocimiento de lo que sucede en el juzgado, por público que sea, por inofensivo que parezca, debería salir jamás del funcionario de no ser a través los procedimientos establecidos por la normativa para la información de los ciudadanos y en los casos previstos por ésta.

Al tío (o tía, da igual) que ha realizado esta filmación debería caérsele el pelo bien caído, aunque tengo mis dudas de ello. Y eso que su identificación ha de ser fácil: la comparecencia de la infanta no era en audiencia pública y no podía acceder cualquiera a la sala. Ha tenido que ser, pues, algún empleado del juzgado o de los bufetes y letrados que asisten a las partes y que han tenido que ser expresamente autorizados para el acceso a la estancia.

Pero sea lo que sea lo que le ocurra a ese fulano, por duro que sea, no será suficiente. Hay que castigar el caso pero, sobre todo, atajar el fenómeno. Y el fenómeno sólo se ataja con represión: procedimientos sancionadores con separaciones de servicio a todo pasto, causas penales por revelación de secretos... todo, cuanto esté dentro de la ley.

Porque mientras las cosas estén así, también podrá decirse en este sentido que la justicia es un cachondeo.