Sinde intocable

Lo del Tribunal de Justicia de Madrid en el recurso contencioso administrativo presentado por la Asociación de Internautas contra el nombramiento de la ministra Sinde, no puede ser más vergonzoso. Archivar cuatro años después de presentado un recurso contencioso administrativo contra el nombramiento de una ministra, cuando ese recurso se presentó dos meses después de producido el nombramiento, arguyendo que como ahora ya no es ministra, pues ya da igual es algo para lo que no hay calificativo fuera del alcance del código penal.

Recuerdo que, cuando se presentó este recurso, ya contábamos con que su resolución iba a llegar cuando ya no hiciera falta, porque conociendo los tiempos que emplean los tribunales (y alguna propinilla que echan de cuando en cuando, como bien pudiera ser este el caso) no esperábamos tener el placer de que se hiciera justicia con Sinde en el machito, pero perseveramos siquiera para que brillara la luz del ejemplo y el escarmiento en un caso especial de corrupción, con embajada americana leyendo el libreto incluida. Con lo que no contábamos era con este rocambole jurídico y... quizá debiéramos haber contado.

Para ningún español es nada nuevo ni secreto que la justicia, salvando a unos cuantos -pocos- jueces abnegados que, por mantener su integridad, pagan un alto precio en forma de presiones, amenazas, coacciones y algún que otro inconveniente de aún mayor envergadura (que se lo pregunten a Garzón, si no), no tiene ni credibilidad ni fiabilidad alguna.

En la Asociación ya tuvimos una constatación clara de que algo está yendo muy mal en la justicia española con el famoso «Caso 'putaSGAE'». Tres instancias, tres (juzgado, Audiencia y Supremo) hicieron complicadísimos y -otra vez- rocambolescos encajes de bolillos para atizarnos el palo, siendo así que la LSSI estaba clara y recordando que precisamente la AI se volcó para evitar que en su reforma se responsabilizara a los prestadores de servicios de los contenidos de terceros en uso de esos servicios; y pudimos lograrlo, entre otras cosas, porque una directiva europea disponía que fuera así. Pues nada: tres instancias judiciales, tres, utilizaron ambas cosas, LSSI y directiva europea, como papel higiénico.

Y podemos hasta ilustrarlo: cuando el asunto estaba ya en manos del Supremo, el fiscal informó en el sentido de que había que darnos la razón o, alternativamente, preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la directiva en cuestión nos absolvía o no. En este momento, nosotros -y cualquiera que entienda un mínimo de derecho- vimos el «pleito ganado» (¿ves cómo no se puede decir nunca?): si la cosa iba a Bruselas, el caso contra nosotros se desmoronaba. ¡Pero! Tres meses después, sin que haya elemento nuevo que lo justifique, ni en el pleito ni fuera de él (ni fuera de él que nosotros sepamos, claro, porque ahí está el intríngulis) el fiscal cambia de opinión en un giro de 180º. De no ver nada claro que hubiera que condenársenos y, en todo caso, consultar a la jurisdicción de Bruselas, pasó a pedir nuestras cabezas cocinadas en pepitoria. Lo recordaba no hace muchos días Víctor Domingo en una entrevista que recomiendo porque aún explica más cosas... raras.

Un Gobierno que pasa de los ciudadanos, una justicia que tiene de independiente lo que yo de arzobispo, un sistema financiero que nos estafa y nos expolia impunemente y aún con la complicidad de quienes habrían de ponerle coto... ¿Qué tendrá que pasar, finalmente, en este país?

Pues como esto siga así, lo veremos. Me temo que lo veremos.